Chiapas aprueba reformas contra cohabitación forzada de niñas indígenas
La diputada señalo que proteger a la niñez «no es una opción política sino una obligación constitucional, ética y humana».
Legisladores chiapanecos aprobaron reformas para proteger a menores de uniones informales forzadas. Foto: @congresoChis.
31 de enero de 2026 Hora: 14:09
El Congreso de Chiapas aprobó reformas al Código Penal para sancionar la cohabitación forzada de menores, con el objetivo de erradicar los matrimonios infantiles y uniones informales obligadas, especialmente en comunidades indígenas donde estas prácticas se justifican bajo los «usos y costumbres».
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Las modificaciones establecen penas de 8 a 15 años de prisión y multas de mil a 2.500 días de salarios mínimos, sanciones que se incrementarán cuando la víctima pertenezca a comunidades indígenas o afro mexicanas. La diputada Rosa Linda López Sánchez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, explicó en tribuna que la reforma «penalizará a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a un menor de edad o a quien no tenga capacidad para comprender el hecho, a vivir de manera informal con otra persona».
La legisladora del Partido Verde Ecologista de México enfatizó que las reformas «no van en contra de los usos y costumbres, sino en contra de prácticas que no pueden seguir justificándose porque vulneran derechos, libertades y la dignidad humana». Advirtió que «las tradiciones no pueden ser un escudo para permitir la violencia» y que «ninguna práctica por antigua o extendida que sea, puede estar por encima de los derechos humanos ni del interés superior de la niñez«.
López Sánchez señaló que en muchos casos estas uniones encubren delitos graves: «no importa si existe un consentimiento familiar, si se presenta como un acuerdo comunitario, cuando una menor es entregada para vivir en una unión forzada se le expone al abuso«. Subrayó que «la neutralidad aquí es complicidad» y que proteger a la niñez «no es una opción política sino una obligación constitucional, ética y humana».
La aprobación legislativa ocurrió casi un mes después del caso de una niña tsotsil de 13 años que dio a luz en el hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas, tras un embarazo de alto riesgo que puso en peligro su vida y la del recién nacido, hecho que visibilizó la urgencia de la medida.
Autor: teleSUR - asm - JML
Fuente: La Jornada
